Evolución histórica del Notariado

Notaría Granado
standum est chartae
(brocardo notarial)

La función notarial es muy antigua y presenta una importante evolución histórica.

  • Necesidad.La función notarial no surge de la ley (que simplemente la regula), sino de la sociedad, que necesita dar forma externa, seguridad jurídica y prueba fehaciente a las obligaciones.
  • Oralidad. La forma más primitiva de obligarse es la oral (verbis) pues, al creer que toda palabra procedía de la divinidad, la fidelidad a la palabra dada (fides) era entendida como un compromiso sacral del promitente.
    • Para asegurar la seriedad del compromiso oral, comenzó exigiéndose su expresión ritual (praescriptis verbis).
      • Así, la promesa estipulatoria romana (sponsio), articulada con una pregunta litúrgica (spondes ne?, ¿lo prometes? ) y una respuesta unívoca (spondeo, lo prometo), prefiguró la formalidad y la unidad del acto notarial.
    • El siguiente paso fue requerir que la obligación verbal (verba certae) se manifestara en actos solemnes ante la comunidad o sus representantes.
      • Así, los negocios romanos per aes et libram se celebraban ante un oficial (que prefiguró la función notarial), llamado libripens, porque usaba la balanza (libra) para ponderar el metálico (aes) en que se valoraba la operación.
  • Escritura. Pero la forma de obligarse que terminó imponiéndose fue la escrita (litteris), es decir, la escritura, que:
    • Surgió con la sedentarización en el Neolítico.
    • Se impuso por su fácil probanza testifical, su perduración y su aceptación, cualquiera que fuera la cultura religiosa de las partes.
    • Se expandió como forma jurídica (ius scriptum) en el tráfico internacional (ius gentium)
    • Se generalizó (ius civile) al extender Caracalla la ciudadanía a todo el Imperio romano (Constitución Antoniniana del 212).
  • Soporte. Como soporte para la escritura, se emplearon todo tipo de materiales aptos para plasmarla en monumentos y documentos
    • La Etimología revela que estos sustantivos derivan, respectivamente, de los verbos monere y docere (enseñar, mostrar) y del sufijo de finalidad mentum (de mens, mente, memoria).
      • Por ello, en Derecho, significan cualquier medio de prueba que haya sido preconstituido por escrito para ser recordado y, en su caso, mostrado y aplicado en juicio.
    • En los monumentos, la preconstitución probatoria se hace con palabras talladas, incisas o grabadas sobre un material duro, destinado a a una exposición pública permanente.
      • Por ello, su estudio corresponde a la ciencia histórica denominada Epigrafía jurídica.
    • En los documentos, para preconstituir prueba se emplean palabras escritas en la superficie de un material blando, destinado a una conservación archivística hasta que proceda su exhibición.
      • Por ello, su estudio corresponde a la ciencia histórica denominada Diplomática jurídica (de gran interés para conocer la evolución del Notariado).
  • Los primeros documentadores.
    • En las culturas neolíticas, la formalización escrita (por la creencia del carácter divino y creador de toda palabra) fue asumida inicialmente por los Sacerdotes, como receptores, conservadores e intérpretes de la ley emanada de la divinidad o de los reyes divinizados, lo que explica que comenzaran empleando formas crípticas de escritura sagrada (como la jeroglífica egipcia).
    • Los sacerdotes fueron, por ello, pronto llamados Letrados (gentes de letras), aunque no eran juristas y se limitaban a dictar a sus amanuenses, por ello denominados Escribas, en los textos mesopotámicos, egipcios y bíblicos.
    • Estas figuras pre-notariales aparecen también en otros ámbitos neolíticos (como los kipu-kamayu incaicos, los tacluilos aztecas o los litsú chinos).
  • Lo documentado (y, en su caso, archivado) eran, ante todo, los actos de los gobernantes (tratados, leyes, mandatos, sentencias) que obligaban a los gobernados, es decir, actuaciones de Derecho público.
    • Así, en la Grecia clásica, de elaborar y archivar los documentos de los gobernantes, se encargaban los Hieromnemones (sacros conservadores de la memoria pública), prototipo de otros altos oficios similares en la Historia jurídica europea.
    • En la antigua Roma, los Pontífices (sacerdotes así llamados porque tendían puentes entre la humanidad y la divinidad) retuvieron los textos sagrados (Libros sibilinos); pero la documentación de las actuaciones de los gobernantes se asignó a diversos Magistrados:
      • Las actuaciones de gobierno no judiciales (acta publica) fueron atribuidas a los Cuestores (luego, Prefectos), que las delegaban en funcionarios escribientes (Scrinae), los cuales terminaron integrados en el sacro palacio imperial como secretarios aúlicos (Referendarii, Chancelarii) y organizados en scholae, bajo la dirección de un Notario mayor (Primicerius notariarum).
      • Las actuaciones judiciales (acta forensia) quedaron asignadas a los Pretores, que las delegaban, en jueces cartularios (así llamados por ser encargados, mediante datio iudicis, de redactar los textos del procedimiento formulario), los cuales terminaron convertidos en funcionarios curiales.
  • Lo documentado pronto experimentó una ampliación, pues los particulares comenzaron a requerir, a los mismos oficiales públicos (sobre todo a los judiciales) o a escribientes privados, que documentaran (y, de alguna manera, archivaran) también actuaciones de Derecho privado, es decir, actos y negocios jurídicos (acta privata).
  • Los documentadores experimentaron una simultánea ampliaron, para atender dichos requerimientos de los particulares; así:
    • En el Derecho ático, de redactar, autenticar firmas y testificar los documentos (engrafos) de los particulares, se encargaron unos profesionales no juristas llamados síngrafos (si expedían documentos completos) y apógrafos (si libraban meros extractos).
    • En el Derecho romano clásico:
      • Esta función, inicialmente, fue asumida por los curiales pretorios (oficiales públicos, pero no juristas) que, en la fase judicial (apud iudicem) y a instancia de las partes procesales, documentaban confesiones juradas (iusiuranda in litem) y transacciones judiciales (in iure cessiones).
      • Pronto, estos escribientes curiales terminaron expidiendo, con autorización del Pretor (in iure), todo tipo de documentos extrajudiciales (tabulae).
      • Simultáneamente, surgieron también escribientes no curiales (esclavos públicos de las ciudades o profesionales liberales, pero no juristas), bajo la supervisión de los Prefectos.
        • La denominación de estos escribientes (curiales y no curiales) era muy variada (notarii, actuarii, librarii, amanuenses, exceptores, scribae, chartularii, cancelarii, rationales, censuales o epistolares).
        • La función de estos escribientes era confeccionar documentos de caracter negocial (scripturae), unilateral (chartae) o contable (rationes) y, especialmente, testamentos, por lo que también fueron denominados testamentarii (D. 28.5.9.3).
  • La naturaleza de estas funciones era, pues, profesional y útil ; pero no jurídica, pues quienes las ejercían no eran juristas, sino meros oidores, anotadores y redactores, que no respondían de la adecuación o no a Derecho de lo que percibían y escribían.
  • Los documentadores experimentaron una, posterior y crucial, transformación cuando los escribientes no juristas se convirtieron en juristas; lo cual se produjo en sucesivas fases, coincidentes con las etapas del Derecho romano clásico:
    • En la etapa inicial, algunos pontífices se habían convertido en juristas para ejercer la prístina función jurisprudencial de contestar cuestiones jurídicas (respondere).
    • En la etapa central, algunos juristas ampliaron sus funciones con las de guiar a las partes en sus litigios (agere) y de precaverlos (cavere).
    • En la etapa final, la función preventiva de litigios les especializó en preconstituir pruebas documentales al efecto (conficere).
      • Esta función comprendía, a su vez, las tareas específicas de aconsejar (consiliari ), concebir (concipere), confeccionar (complere), ordenar (instruere), conformar a Derecho (conscribere) y dictar (dictare) a los amanuenses los documentos que les fueren requeridos.
      • En griego, por el signo con el que autenticaban las tablillas que escribían, estos juristas fueron denominados Symbolaiográphos (de symbólaion, signo; y gráfo, escribir).
      • En latín, por las tablillas enceradas de escribir (tabellae ceratae) que usaban, estos juristas fueron denominados Tabeliones (Ulpiano, D. 48.19.9.4) o Tabularios (Justiniano, Nov. 44) y,
        • Estas denominaciones latinas (de juristas) no deben confundirse con la de Tabelarios (empleada en las fuentes para designar a los auxiliares, no juristas, que les servían, como agentes notificadores, en las oficinas tabeliónicas).
    • La legislación justinianea sujetó a estos juristas a un detallado estatuto profesional (Nov. 44, 47, 76), que sirvió de ejemplo a las posteriores (prácticamente hasta el siglo XIX) y que se basaba en:
      • Exigirles una formación previa en escuelas tabeliónicas (scholae), que eran oficiales (legalmente reconocidas), pero de caracter corporativo y profesional, no curial ni imperial.
      • Requerirles la obtención posterior de una licencia oficial (ius conficiendi) para dictar y redactar documentos privados (C. 7.52.6); pero no públicos, pues sólo daba permiso para ejercer una profesión privada y, por ello, no era equiparable a la potestad de fedación pública conferida a los funcionarios palatinos (ius publice dictandi o ius acta conficienda).
      • Conferirles la condición de servidores públicos (officium publicum), aunque eso sólo implicaba la de ejercientes de una profesión privada de interés público, no la condición de funcionarios públicos.
      • Imponerles la colegiación obligatoria en corporaciones tabeliónicas (colegia) para la ordenación gremial del ejercicio profesional.
      • Sujetarles a la supervisión (policía administrativa) de su actividad profesional por el Prefecto urbano.
      • Autorizarles a abrir sus despachos (stationes) como oficinas públicas; no en el sentido de sedes funcionariales, sino de locales abiertos al público; los cuales, al igual que sus juristas titulares, eran reputados forenses (Ulpiano, D.48.19.9, 4-5), pues solían ubicarse:
        • En el foro urbano (forum), para facilitar el acceso universal; iniciando así la costumbre notarial de instalarse en los centros de las localidades.
        • Cerca de los estrados (stratura; de donde magistratura) del palacio en que se administraba justicia; puesto que su función era de origen pretorio y se dirigía a la prevención de litigios.
        • Junto al archivo público (archivum forte o grammatophylacium); para así facilitar la adveración documental (insinuatio) mediante depósito oficial de los documentos.
  • La naturaleza de esta actividad preventiva y documentadora, al ser desarrollada por juristas, era ya claramente jurídica y, en concreto, fue reputada de jurisdicción voluntaria (Marciano, D.1.16.2), pues:
    • no documentaba procesos librados judicialmente (apud iudicem) tras la formalización testifical del pleito (litis contestatio) entre contendientes enfrentados (inter nolentes).
    • documentaba declaraciones y acuerdos espontáneos de las partes (inter volentes), otorgados en estrados (in iure) o, sin necesidad de juicio, en una oficina aledaña (in foro) y ante un jurista autorizante, oficialmente habilitado para escriturarlos.
  • Como se ha expuesto, Notarii sólo era una de las denominaciones pre-tabeliónicas dadas a los Escribientes (curiales o profesionales liberales) no juristas.
  • Esta denominación surge cuendo los Tabeliones (juristas) tomaron a su servicio a auxiliares (no juristas), como los Scribae (amanuenses a su dictado), los precitados Tabelarii (agentes notificadores) y también a los Notarii (anotadores).
  • Las primeras menciones a los Notarios (Notarii) son literarias.
    • En concreto de Cicerón (Pro Sestio 17.39; De officiis, 3.73; y De oratore, 1.57); Plinio el joven (Epistulae, 3.5.15; 9.20.2; y 9.36.2); Suetonio (Titus, 3); Marcial (Epigrammata, 5.51.2); Manlius (Astronomia, 4.1.97); Séneca (Apocolocyntesis, 9.2) y Quintiliano (De intitutione oratoria, 7.2.24).
    • Estos autores se limitan a destacar la profesionalidad estenográfica, es decir, la aptitud de ciertos Escribientes para tomar taquigráficamente notas de discursos o declaraciones orales y recogerlas luego por escrito.
      • Estas notas (notationes) se denominaron tironianas porque empleaban un conjunto de grafemas (signos) ideado por el poeta griego Ennio, pero estandarizado por Marco Tulio Tirón, taquígrafo de Cicerón (pronto seguido por Vipsanio, Filargio y Aquila, liberto de Mecenas) y recopilado por Séneca; de suerte que quienes las conocían fueron popiamente llamados «Notarios» (según S. Isidoro, Etimologías, 1, 22).
      • El sistema tironiano (cuyo conocimiento es necesario para transcripciones paleográficas) contaba con unos 1.000 grafemas, pero fue ampliándose en el medievo y se empleó hasta el s. XVII con hasta 13.000; alguno aún en uso, como el ampersand & (contracción de et, es decir, «y» en latín, «and«, en inglés).
      • Cada grafema representaba una palabra en latín y constaba de dos elementos sígnicos: i) uno mayor (mayúscula o cursiva) expresivo del radical léxico (formado generalmente por su letra inicial y alguna consonante); y ii) otro menor (en subíndice o superíndice) expresivo de su desinencia (caso, género y número).
    • Por tanto, estos Notarii ejercían una función profesional y útil, pero no jurídica, pues no eran juristas, sino meros oidores, anotadores y escribidores, que no respondían de la exactitud, veracidad y, mucho menos, del ajuste o no a Derecho de lo que oían, anotaban o escribían
  • En el ámbito civil, los Notarios pronto dejaron de ser auxiliares tabeliónicos, se convirtieron también en juristas y terminaron asimilándose con los propios Tabeliones (D. 10.69 y 12.7; y C.8.17.11), aunque ésta última denominación se mantuvo en muchos países hasta el s. XIX y aún perdura en Brasil.
  • En el ámbito eclesiástico, se generalizó la denominación Notarios en las Episcopales Audienciae y, a partir de ahí, en el Derecho Canónico, aunque limitada a la fedación pública en las cancillerías (papales, episcopales o monásticas).
  • En cualquier caso, los Notarios fueron así llamados porque:
    • notaban, es decir, percibían (de visu et auditu) la realidad que se les rogaba documentar.
    • anotaban (de manu), mediante indicaciones internas (notae) y externas (notitiae): lo percibido; lo manifestado (factum datum) por las partes; y los criterios jurídicos (ius dictum) propuestos al respecto por el autorizante jurista (Tabelión)
    • connotaban (adecuaban y plasmaban) todo ello en un documento que dictaban a los amanuenses (scriptum dictatum).
    • denotaban con su signo dicho documento como tabeliónico, lo resumían y conservaban el resumen en un registro (notularium).
  • Distinta tradición documental griega y romana.
    • La tradición cultural helénica (y oriental, egipcio-mesopotámica) potenciaba la escritura; por eso, el documento pre-notarial griego era un manuscrito subjetivo, es decir, redactado en primera persona (cheirographon).
      • La entrega de este documento (traditio instrumenti) le confería valor constitutivo del negocio documentado, lo cual impedía probar el negocio si se perdía el documento.
      • Estos documentos se extendían por duplicado (symgrafa) para convertir en abstractos negocios crediticios (préstamos) y así impedír la alegación de excepciones causales (como la falta de provisión de fondos) y permitír el cobro de intereses (sumándolos al principal).
      • Tales características convirtieron estos documentos en precursores de las letras de cambio y los generalizaron en el ámbito mercantil internacional como figuras de ius gentium.
    • La cultura jurídica romana (cfr. D.22.3,4 y 5 y CTh. 11.39) daba más valor a la palabra dada (nuncupatio) y a su prueba judicial (probatio).
      • La expresión nuncupatio (de nomen, palabra; y capere, tomar) significaba «palabra obligante».
      • En las arcaicas legis actiones, se expresaba con el arcaico formulismo ritual «aio» (digo).
      • Posteriormente, se manifestó con el formulismo jurídico «spondeo» (prometo) de las stipulationes (que era la forma general y abstracta de obligarse).
    • Ambas tradiciones confluyeron en el llamado instrumentum stipulationis, que (con la cláusula «s.s.», stipulatus spopondi) incorporaba la cautela tabeliónica (cautio estipulatoria).
      • Esta caución era impropia (sin fianza), pues, en rigor, consistía en una ficción jurídica (fictio iuris) de que había precedido al otorgamiento una estipulación.
      • Así, respetando la tradición verbal romana, se confería al instrumento la eficacia constitutiva del documento griego.
  • Características de los documentos greco-romanos. Los documentos (greco-romanos) pre-notariales, incluidos los tabeliónicos, tenían, así, importantes características:
    • Eran objetivos, pues estaban redactados en tercera persona, al estar escritos, no por el otorgante, sino por un tercero ante los testigos.
    • Eran probatorios, pues (salvo que incluyeran la cautela estipulatoria) su entrega carecía de efectos constitutivos (ad substantiam) y su valor era sólo ad probationem (C.8.37.10); por lo que la carga de probar su falsedad recaía en quien la afirmaba (CT 11.39.6 y 7).
    • Eran testificales, pues se limitaban a recoger las declaraciones extrajudiciales (testationes) de los testigos del negocio.
      • Estos testigos instrumentales, caso de litigio, podían corroborar el documento ante el juez como testigos judiciales (D. 22.4 y C. 4.21.17).
      • Por eso, la presencia de testigos era elemento esencial (ad substantiam) del negocio (Constantino, C. 4.20.1 y 4.21.20).
      • Se explica así que, en la práctica, el documento, en general, se denominara testatio, por extensión de su paradigma, que era el testamento.
        • La denominación testamentum deriva de que, en su primitiva configuración (per aes et libram), era una venta de la herencia (mancipatio familiae) que el testador hacía, ante los testigos y el pesador del precio (libripens), a un comprador fiduciario (emptor) que la entregaba luego a los herederos y legatarios.
      • El número de testigos (testes) instrumentales, para evitar ulteriores empates procesales, fue siempre impar: i) comenzó siendo de 7 (porque el testamento libral requería 5, más el libripens y el emptor familiae); ii) por eso, el emperador Zenon los redujo a 5 (C.4.20.15.1); y iii) finalmente, Justiniano, a 3 (Nov. 73.1); pero iv) nunca se admitió uno solo (por la interdicción procesal unus testis, nullus testis).
  • Naturaleza jurídica de estos documentos. Estos documentos:
    • Eran auténticos, porque las firmas de los otorgantes y el negocio documentado podían ser confirmados ante el juez por todos los intervinientes (D. 22.4).
    • Eran fidedignos, es decir, dignos de confianza, pues habían sido otorgados ante la comunidad, representada por testigos dignos y fiables (Modestino, D.22.3.5.2; Calístrato, D.22.3.5.3), sobre todo si, además, habían sido autorizados por un profesional cualificado que intervenía por razón de su officium, como el Tabelión (C. 4.21.17).
    • Eran meramente privados, ya que:
      • No eran fehacientes, pues, al no estar autorizados por funcionarios dotados de fe pública, no procedían de una potestas pública, sino sólo de la privada de los otorgantes.
      • No eran públicos, pues no garantizaban sin más (sine adminículo) la veracidad, la legalidad y ejecutividad de su contenido; pues, si éstas eran discutidas, precisaban (como adminículo) ser adverados in iure.
  • Procedimiento de adveración. El procedimiento de adveración, denominado de impositio fidei, se inspiraba en la in iure cessio y consistía en un acto de jurisdicción voluntaria (Marciano, C.7.6.1.10), celebrado ante el Pretor, un escribano oficial y tres curiales (CT. 12.1.51):
    • Comenzaba con la lectura del documento (lectio).
    • Si lo leído no era contradicho o se llegaba a una avenencia, el procedimiento se reducía a la adveración oficial (insinuatio) del documento, que era automática (apud acta) si el documento había sido depositado en un archivo público (C.7.52.6).
    • Si lo leído era discutido, seguía la fase de prueba (probatio), que se podía hacer (C. 4.20.18 y Nov. 73.3) con distintos medios:
      • por juramento decisorio (iusiurandum in litem) del Tabelión (C.4.21.6).
      • por reconocimiento o confesión espontánea del perjudicado (agnitio).
      • por cotejo de letras (comparatio litterarum).
      • por deposición de los otorgantes, los testigos instrumentales y el Tabelión autorizante (testatio).
    • En todo caso, terminaba el procedimiento (Nov. 73.7.3) con una resolución judicial (acta forense) de reconocimiento o no de la veracidad (total o parcial), que era ya un documento público (intrumentum publicum).
  • Los documentos tabeliónicos conservaron (prácticamente hasta el s. XIX) las mismas características y naturaleza, así como la misma y necesidad y procedimiento de adveración que acaban de exponerse para los pre-tabeliónicos.
  • Por ello, sólo aludimos ahora a las fases procedimentales para confeccionarlos (que también perduraron hasta las reformas notariales del s. XIX).
  • Según se desprende de la Constitución justinianea de Tabellionibus de 15-09-537 (Nov. 44, 47 y 73), tal como fue interpretada por los glosadores medievales y renacentistas, el procedimiento tabular de escrituración notarial (inchartatio) era plurifásico, aunque podía simplificarse y experimentó diversas mejoras.
  • La primera fase del procedimiento tabeliónico era notular, pues consistía en que, a instancia de los interesados (rogatio), el Notario elegía un pergamino en blanco (in albo) y redactaba (notatio) dos previas notas (con denominaciones griegas) que adherían al mismo (collatio), para que le sirviesen de guía en la posterior confección (instructio) del documento.
  • La primera nota era denominada de protocolo, porque se adhería (colos) al comienzo (protos) del texto e identificaba la fecha, el gobernante, los comparecientes y el objeto del negocio.
  • La segunda nota era denominada de escatocolo, porque se adhería al final (escatos) del texto e identificaba a los testigos y al Notario, así como la fecha de otorgamiento y autorización.
  • La segunda fase del procedimiento tabeliónico era cartácea, pues consistía en que el Notario, siguiendo las notas adheridas, así como fórmulas generales (conservadas en un liber minutarum o minutarium) o instrucciones tabeliónicas especiales para el caso, dictaba (dictatio), a sus amanuenses y estos escribían (scriptio), el texto íntegro (llamada la «gruesa» o «saca» en Castilla) y en limpio (notatio munda, C.4.21.17).
    • Esta operación implicaba poner en extenso el contenido extractado en las notas previas, por lo que el término extender (que aún perdura) se hizo sinónimo de escriturar notarialmente.
  • La redacción de las escrituras completas (confectio) se hacía en forma epistolar, es decir, como una carta (charta), que se entregaba a las partes en formato doblado y cerrado (diploma).
    • Este formato derivaba de la época en que el soporte empleado eran dos o más tablillas enceradas (dípticos, trípticos o polípticos) que se perforaban para cerrarlas unidas con cordoncillos lacrados con los sellos del autorizante y los testigos, según reguló el Sc Neroniano del 61 d.C. (PS 5.25.6).
    • La cubierta exterior del diploma (littera patens) sólo informaba sucintamente (notitia) de qué negocio se trataba y de quienes eran sus otorgantes y testigos (para que pudieran reconocerlo sin abrirlo), todo ello mediante un apunte al dorso (nota dorsalis); pues el texto (para evitar indiscreciones y falsificaciones) quedaba oculto en el interior del diploma (littera clausa) y se estructuraba en tres partes:
  • En la parte inicial (o de protocolo), se incluía:
    • La inicial y ritual invocación a la divinidad (invocatio).
    • La numeración de la escritura (ordinatio).
    • La referencia al gobernante que había habilitado al Tabelión (iussio) y sellado el papel oficial (sigillatus) empleado para documentar .
    • La manifestación a todos (publicatio) de la identidad (adscriptio) y voluntad negocial de los otorgantes (animus).
  • En la parte central (o de estipulación), se recogía:
    • El negocio escriturado, con todas las condiciones pactadas (stipulatio),
    • El consentimiento negocial (consensus) y su manifestación por las partes (otorgatio).
    • Las solemnidades usuales o legales como, en época tardía, las formas simbólicas:
      • de entrega de cosas (levatio, deductio, festucatio, etc);
      • de asunción de obligaciones (juramentos, condenaciones, imprecaciones, etc);
      • de garantía (arras, fianzas, prendas, hipotecas, penalizaciones, etc);
      • de publicidad (insinuatio, convocatio, etc).
  • En la parte final (o de escatocolo), se incluían:
    • Las fórmulas notariales para expresar actuaciones previas o simultáneas (y su respectivo autor), como la anotación (notatio, «notui«), escrituración (scriptio: «scripsi«; «exaravi«, «extendi«) o la revisión del texto (visio: «vidi«).
    • Las fórmulas de las actuaciones esenciales de comprobación (recognitio: «recognovi«)» y autorización tabeliónica (completio; «complevi») y recepción de la conformidad con el documento de los otorgantes (absolutio, absolvi ) y testigos (testatio).
    • La localización (ubicatio) y datación (datatio) del documento.
    • La firma (subscriptio, «subscripsi«), si bien (ex C.4.2.17) no era una firma como la actual, sino una declaración identitaria de los aludidos.
    • El signo (signum) de autenticación notarial del documento (signatio, «signavi «).
    • La constancia del pago del arancel establecido (taxatio).
    • La comprobación de haber sido despegadas las notas adheridas al documento para elaborarlo (scissio).
    • La improntación de los sellos personales de otorgantes y testigos (el Tabelión sólo tenía su signo), en la cara anterior externa del diploma (sigillatio: «sigillavi«)
    • La escritura, en la cara dorsal externa del diploma, de la noticia de su contenido interior (notatio dorsalis: «notui«).
    • La constatación de la entrega del diploma original (matrix) a los rogatarios (traditio chartae; «tradi«).
  • Para entregar el original por duplicado, el diploma podía adoptar el formato de carta partida por ABC consistente en: i) escriturar su texto por duplicado (es decir, tanto en la parte interna superior del documento, como en la inferior); ii) escribir entre ambas partes una columna con las letras mayúsculas A, B, C; iii) cortar el documento por mitad de la letra B; iv) cerrar y entregar cada mitad a cada uno de los interesados; y v) permitir así comprobar, eventualmente, su autenticidad acolando ambas mitades.
  • La última fase del procedimiento tabeliónico era libraria pues las mismas notas despegadas (notae scissae) o un duplicado (exemplum) de las mismas era registrado (registratio) en los libros anuales de notas (libri notularum) del archivo notarial (tabularium, chartularium), el cual terminó siendo denominado protocolo, ya que se ordenaba cronológicamente según la fecha de las notas iniciales o de protocolo.
    • Téngase en cuenta que el cartulario era un libro (o conjunto de libros) con sus folios en blanco (tomus album) en el que, por orden cronológico, se transcribían las notas despegadas o copiadas, pero no el documento original ni las copias de éste (que se entregaban a las partes).
  • La protocolización (protocolatio) de extractos servía para que, si los interesados extraviaban el documento original o surgían dudas sobre su contenido, el Notario y los testigos documentales vivos contasen con un soporte documental (suplementum) para testimoniar sobre su veracidad en juicio (testatio).
    • Una de las primeras regulaciones de documentos perdidos y reconstrucción de protocolos notariales destruidos se encuentra en el Vidal Mayor de Aragón (VM 3.45).
  • Al texto protocolizado, se añadían notas posteriores para expresar eventuales rectificaciones, cancelaciones y traslados (indicadas, respectivamente, con las señales /, //, y ///).
  • El documento tabeliónico original era entregado al otorgante (traditio instrumenti).
    • También solían entregarse los antetítulos de la contraparte como corroboración probatoria del documento (acta) y señal de entrega de la posesión de la cosa (res) que fuera objeto del negocio documentado.
    • La entrega de los antetítulos relativos a inmuebles solía hacerse dejándolos a los pies del adquirente (signo de abdicación y deposición) para que éste (o el Tabelión a su ruego) los levantara del suelo (levatio) como señal de entrega y toma de la posesión fundiaria, de donde deriva la expresión notarial levantar acta.
    • Esta costumbre explica que la entrega de la escritura (titulo) terminara por implicar simbólicamente la de la posesión (modo) de la cosa objeto del negocio documentado (traditio ficta).
  • Los otorgantes podían conservar los documentos tabelíonicos en su archivo domestico (in domo) o entregarlos a alguien de su confianza (in amico) o a un templo (in aede).
  • Opcionalmente y a su costa, el documento tebelónico podía ser también entregado (insinuatio) por el otorgante (o el Tabelíon a su ruego) a un archivo público gestionado por funcionarios, para su registro, conservación y posterior recuperación o reproducción.
    • Los testamentos y demás documentos cerrados debían ser abiertos en su momento ante una de la oficinas públicas (stationes fisci) encargadas de recaudar los tributos sucesorios y de transmisiones.
  • El procedimiento tabeliónico se simplificaba usualmente cuando, para evitar el mayor coste que suponía la escrituración completa (in extenso), las partes aceptaban una alteración o abreviación de sus fases.
  • La alteración de fases consistía en que la extensión y firma del documento completo (fase cartácea) precediera a su extractación en notas (fase notular) y a la protocolización de éstas (fase libraria).
  • La abreviación de fases consistía en que el Notario sólo expidieran un sencillo documento (schema, notatio brevis oimbreviatura) de lo que pretendían; en cuyo caso, el Notario, una vez firmada dicha nota por las partes (roboratio), se la entregaba, sin más, a éstas (dimissio; «dimissi«), tras registrar su extracto en un sencillo notulario (bastardelum).
  • El procedimiento tabeliónico experimentó (a petición popular y en los distintos ámbitos y países) importantes mejoras de seguridad jurídica.
  • Una primera mejora advino en época justinianea (s. VI), cuando las Novelas, prohibieron (por el riesgo de pérdida) despegar las notas (scissio), de suerte que se obligó a incorporar su contenido al documento extenso (o a la imbreviatura) y al registro tabeliónico (o sea, al cartularium o al bastardelum), imponiendo a veces (para evitar confusiones), incluso la obligación de destruir las notas previas (como hizo en Castilla el Espéculo de Alfonso X), Con esta mejora, el sistema notular se convirtió en archivístico.
    • Téngase en cuenta que el antiguo cartulario (y el bastardelo) era un libro con folios en blanco (tomus album) en el que, por orden cronológico, se iban transcribiendo las notas.
  • Una segunda mejora se produjo en la Baja Edad Media (s. XIV-XV) y Moderna (ss. XVI-XVIII), cuando el sistema archivístico fue sustituido por el sistema ejemplar o de copias; es decir, cuando dejaron de registrarse las imbreviaturas y comenzaron a archivarse copias completas (exempla) de los documentos originales entregados a las partes.
  • La tercera y principal mejora sucedió en la Edad Contemporánea (s. XIX) cuando el sistema ejemplar o de copias fue sustituido por el sistema de protocolo; es decir, cuando los documentos originales dejaron de ser entregados a las partes, para ser conservados por el Notario, que sólo les entregaba las copias auténticas de los mismos que precisasen.
    • Téngase en cuenta que la implantación del protocolo supuso sustituir el antiguo cartulario (de folios en blanco en el que se transcribían las notas o copias) por un libro formado por los mismos documentos originales encuadernados cronológicamente.
  • La legislación imperial romana distinguió, por todo ello, la siguiente tipología de documentos:
  • Los fehacientes, que eran ejecutivos y hacían fe sine adminiculo, esto es,por sí mismos (sin necesidad de testigos ni del acta forense de impositio fidei; cfr. Zenón 486, C.20.15.16); pero:
    • esta cualidad sólo la tenían los documentos públicos (instrumenta publica o manu publica confecta, cfr. D.22.3.10; C.8.53.51 y C. 6.23.19); y
    • sólo eran tales los documentos emanados de magistraturas con imperium o de funcionarios (palatinos o curiales) en los que aquéllas delegaban la potestad de emitirlos (ius publice dictandi o ius acta conficienda; cfr. C.7.52.6).
  • Los fidedignos, que eran privados, no eran ejecutivos y no hacían fe por sí mismos pues sólo la adquirían cum adminículo (consistente en el acta forense de impositio fidei ); pero merecían un alto grado de confianza (por hacer sido otorgados ante testigos y, en su caso, autorizados por un tabelión), como eran:
    • Los instrumenta publice confecta, que eran (según una Constitución del emperador León II, del 472 d.C., recogida en C. 8.17.11), los documentos tabeliónicos (o documenta forensia, cfr. C.4.21.20), es decir, los documentos otorgados ante tres o más testigos y autorizados por un tabelión, todos los cuales podían adverarlos mediante juramento ante el magistrado en caso de litigio (Nov. 73.5).
    • Los instrumenta quasi publice confecta, que eran los documentos privados que, habiendo sido otorgados ante al menos tres testigos fidedignos, «casi» se equipararon a los tabeliónicos (mediante interpolaciones justinianeas de 528, C.4.2.17; y 530, C. 4.29.23.1 y 2); pero «no del todo» (porque carecían del valor añadido que suponía la auctoritas del Tabelión y el apoyo juratorio de éste, como testigo cualificado, caso de litigio).
  • Los documentos meramente privados (instrumenta privata; en griego, idiochira ), que eran los otorgados por las partes, sin Tabelión y con o sin testigos (León 486, C.8.17.11); por lo que, caso de controversia, sólo hacían fe y adquirían ejecutividad mediante el procedimiento oficial de adveración (impositio fidei, cfr. C. 8.17.11).
  • Esta tipología documental se mantuvo en lo esencial prácticamente hasta el s. XIX, con la salvedad de que los documentos notariales pasaron a ser públicos cuando, en cada país, se fue confierendo a los Notarios la fe pública sin necesidad de adveración judicial posterior.
  • El Derecho germánico adaptó sus tradicionales medios de formalización al modelo romano y así:
    • En el Reino hispano-visigodo, la Ley De rebus traditis, de Chindasvindo, ca 648 (LV-LI-FJ 5.2.6) equiparó la simbólica traditio chartae a la entrega real de la cosa.
    • En el Reino franco (cfr. MGH 1.3 y 2.5), la Capitular De Missis, de Carlomagno del 805 (aplicada por Lotario I, como Rey de romanos, tras el Tratado de Verdún de 843, en Lombardía y toda la Lotaringia) confirió, a las escrituras notariales (instrumenta guarantigia, de warrant, garantía), la misma fuerza ejecutiva que las sentencias firmes, en base a la ficción jurídica (fictio iuris) de entender que ponían fin a procesos fingidos (iudicia ficta) ante Scriptores, que no eran jueces, pero sí juristas que actuaban oficialmente (ex regia potestate), como los Cancellarios francos (denominación tabeliónica derivada de CTh 9.19.1).
  • El Derecho romano-bizantino (Constitución 25, del emperador macedónico León VI el Filosófo, del 887, Basílicos, Novela 115) reguló con detalle la función tabeliónica y se expandió (como Libro del Prefecto) por Italia desde el Exarcado de Rávena.
  • El Derecho canónico denominó, primero, Scrinarii y, pronto, Notarios a los Secretarios de las Audiencias episcopales y esa denominación terminó aplicándose a empleos civiles similares (como sucedió en Francia, Aragón y demás Reinos aliados o vasallos de los Estados Pontificios), especialmente por la influencia de Guillermo Durando (Speculum iudiciale, 1271).
  • El Derecho islámico andalusí aportó tratadistas notariales relevantes, como Abendahún de Córdoba (845) y Abensalmún de Granada (1365).
  • Al igual que los escribas egipcios se acogieron al patronazgo de Thot (el notario de los dioses); y los Tabeliones romanos, al de Sacra Fides (virtud divinizada por el rey Numa Pompilio), las corporaciones notariales del medievo escogieron como patrones a cuantos santos y advocaciones evocan percepciones sensoriales (como, por la vista, Sta Lucía, 13 de diciembre, en Aragón), testimonios personales en sagradas escrituras (como S. Juan evangelista, 6 de mayo, ante portam latinam, el más generalizado) o ejercicio de funciones funerales (como Nª Sª del Buen Ruego y las Ánimas, 27 de noviembre, en Madrid), documentales (como el escriba S. Ginés o Genesio de Arles , 25 de agosto, en Francia) o genealógicas (S. Vicente Ferrer, 8 de abril, en Valencia, por ser hijo del Notario Guillem Ferrer).  
  • Estas tradiciones (franco-germánica, romano-bizantina y canónica) confluyeron en el Notariado longobardo, cuya cultura (el llamado documento notarial románico) condujo al Formularium tabellionum de Irnerio, fundador de la Escuela de los glosadores, que inicia la recepción del Derecho romano en Europa (s. XI).
    • Los glosadores eran gibelinos (partidarios del Imperio) y, por eso, postulaban aplicar al Emperador (y a los Reyes) el estatuto imperial romano que les facultaba para nombrar a los oficiales públicos (como los Notarios) y regular su actuación.
    • También los canonistas güelfos (partidarios del Papado) recurrieron al Derecho romano para conferir idénticas facultades al Papa (y a los Obispos).
  • Surge, así, en la Universidad de Bolonia (s. XII), junto al ars dicendi (retórica), el ars dictandi vel notariae, disciplina académica que generó un apparatus de notulis, es decir, un revelante conjunto de obras jurídicas sobre la correcta formulación de los documentos notariales con arreglo al ius commune (Derecho romano-canónico).
    • En esta preceptiva notarial (s. XIII), brillaron juristas como Rolandino dei Passaggèri, autor de una famosa Summa artis notariae (1255), Rainiero de Peruggia (Casus artis tabellionatus, ca. 1230) o Salatiel (Ars notariae, 1242), muy influyente en Aragón y en las castellanas Partidas (P.3.18.56-110).
    • Precisamente, en el Tractatus de notulis de Rolandino se encuentra la célebre definición del Notario como privilegiata persona ad negotia hominum publice et authentice conscribenda qui recepit voluntate rogataria et scribit in notis (persona oficialmente habilitada para documentar y ajustar a la legalidad los negocios del trafico privado, a cuyo efecto recibe y anota, de forma pública u auténtica, lo querido por quienes le requieren).
  • La recepción del Derecho tabeliónico romano se realizó principalmente a través del Derecho canónico, mediante las Decretales De fide instrumentum; Scripta autthentica; Cum tabellio; Si instrumenta; y Quoniam contra falsam (X.2.19 y 22) que, al ser de aplicación universal, influyeron en todo Europa.
  • En los distintos Reinos europeos, dicha recepción (s. XIII, XIV y XV) se efectuó mediante Estatutos u Ordenaciones regias, como las de: i) Pedro II (1265) y Amadeo VI (1379), en el Piamonte; ii) Luis IX (1270), en Francia; iii) Dionís I (1305), en Portugal; iv) Jaime I (1238), Alfonso III (1333) y Pedro IV (1334), en Aragón; y v) Alfonso X (ca. 1260) y Alfonso XI (1348), en Castilla.
  • La ejemplar Reichnotarordnung o Constitución tabeliónica de 1512, promulgada por Maximiliano I para el Sacro Imperio romano-germánico, puede ser reputada como paradigma de la recepción europea del Derecho notarial romano.
  • Durante el Derecho intermedio (es decir, desde el s. XVI hasta la época codificadora del s. XIX), el Tabelionado se mantuvo así en Europa, con distintas denominaciones nacionales, que también variaban según el ámbito jurisdiccional correspondiente.
  • El sistema notarial latino surgió propiamente cuando (en el s. XVI y para reforzar la seguridad jurídica) la legislación regia (respondiendo a peticiones de los Parlamentos estamentales) propició, en cada Reino, el abandono del modelo notular y la adopción del matricial; es decir, cuando las oficinas notariales dejaron de archivar las notas y entregar los originales; y comenzaron a conservar el documento original (scriptura matrix), para sólo expedir a los interesados copias (exempla) que hacían fe por sí mismas (sine adminiculo), o sea, sin necesidad de adverarlas in iure.
  • El sistema notarial de protocolización matricial o de doble escrituración (matriz y primera copia) se completó con el registral, pues la necesidad de archivar los actos judiciales de adveración de documentos notariales se mantuvo en el Derecho germánico para acreditar los actos ceremoniales de transmisión de inmuebles mediante renuncia abdicativa (aufslassung).
  • Regalía era la denominación de toda potestad regia, siendo la principal la de legislar, de la que derivaban las de ejecutar las leyes dictadas en los distintas materias (regalías de administración civil, militar y tributaria); y la de aplicarlas judicial y extrajudicialmente (regalías de jurisdicción contenciosa y voluntaria).
  • El Derecho común europeo consideró la fedación (ius acta conficienda) como una regalía (potestad regia) de jurisdicción (voluntaria) que monopolizaba el monarca, quien podía conferirla directamente, a funcionarios de su corte o de sus reinos; pero también atribuirla, a los señores jurisdiccionales, a concejos y gremios, para que los nombrasen en sus respectivos ámbitos.
  • La diferencia entre fedatarios se expresaba por sus medios de autenticar documentos, que eran el sello y el signo.
    • El sello (sigillum), redondo (rodado o rotal) e improntado (en plomo, cera, lacre o papel), era el medio de autenticar como estrictamente públicos los documentos otorgados ex potestate imperii, es decir, por las Cancillerías, Curias y Cortes papales, imperiales, regias o señoriales que custodiaban el sello de sus jerarcas y sólo lo improntaban por orden de los mismos para documentar asuntos jurídico-públicos (instrumenta pública confecta o in publica manu facta) que luego registraban y archivaban (de ahí la denominación archivística castellana Registro general del sello).
    • El signo (signum) autográfico (que solía ser una cruz, símbolo de la fe, aunque con bellas e historiadas variedades) era el medio de autenticar reservado a los documentos otorgados ex arbitrio, es decir por personas sine potestate imperii, cuando eran autorizados solemnemente por los Notarios (instrumenta publice confecta o in publica forma confecta) que luego registraban y archivaban en sus respectivos Cartularios o Protocolos.
  • Al carecer de fedación, los demás documentos eran rigurosamente privados (acta privata), aunque estuviesen improntados con los sellos personales de los intervinientes (sigilla privata), adverados por testigos u otorgados ante escribientes oficiosos (documenta quasi publice confecta) y registrados o archivados privadamente.
  • En Castilla, por influjo del Fuero Juzgo (7.5.9), el Fuero Real (1.8.1 y 2.9), el Espéculo (2.12 y 4.12.1-8), y las Partidas (3.18 y 3.19.1-3), se impuso la denominación Escribanos, que, por derivación de la legislación indiana (NRLI 5.8), perdura en Hispanoameríca (salvo en Brasil donde, siguiendo la tradición portuguesa, se conserva la denominación Tabeliones).
  • Las Escribanías (reguladas en la Novísima Recopilación 7.15; 4.18-19 y 5.24-27) eran de nombramiento regio, señorial, concejil o gremial y susceptibles de delegación (en sustitutos al vicem, vicarios o escusadores) y tráfico, incluso hereditario, al entenderse que el protocolo era propiedad de cada Escribano.
  • Por su distinto origen y ámbito, era muy variado el régimen de titulación, clasificación y competencias de las distintas Escribanías, aunque, de todas, señala Partidas 3.19.1 que el provecho que nace de ellas es muy grande, pues queda memoria de las cosas pasadas, en sus registros, en las notas que guardan y en las cartas que hacen.
  • La probanza o examen para acceder a las Escribanías fue tomada de los Fueros de Aragón (1.120, de 1247) por Juan I (1389) y detallada en las Cortes de Toledo (1480).
  • Alfonso X instó (en Espéculo, 4.12.8) a conservar la nota breve; y Alfonso XI (en las Cortes de Valladolid, de 1322) impuso la conservación de la nota íntegra; pero el sistema matricial surge con la famosa Pragmática de los Reyes Católicos, dada en Alcalá el 7-06-1502 (Novs.Rec. 10.25), completada por Reales Cédulas de Carlos I que, atendiendo peticiones de las Cortes de Toledo (1522) y Segovia (1523), ordenaron conservar las matrices y encuadernarlas en libros de protocolos; y, en 1540, implantaron el arancel (Novs. Rec 3.8).
  • Los Escribanos fueron cruciales para la Historia del Derecho pues documentaron, fedataron y archivaron actos negocios privados de todo tipo, referentes a :
    • La persona y a la familia, como cartas de prohijamiento (adopción), curaduría (tutela y curatela); y de procuración (poderes)
    • Las relaciones matrimoniales, como cartas de esponsales (promesa de casar) y de casamiento (matrimonio); de arras y de dote.
    • Los bienes, como cartas de venta, de renta, de aparcería, de trueque (permuta), de condesijo (depósito o comodato), de empeñamiento (pignoración) de apeo, luismo y cabrevación (delimitación, pago y reconocimiento de censos enfiteúticos).
    • Los créditos, como cartas de censo (consignativo y reservativo), de deuda, de pago, de quitamiento (perdón), de lasto (cesión de la acción de cobro); de compañía (sociedades mercantiles), de empréstito, de encomienda (mandato); de compromiso (en árbitros).
    • Los servicios, como cartas de aprendizaje, de soldada (contrato laboral), de labor (para ejecución de obras o de servicios) o de afletamiento (de naves o semovientes).
    • Las liberalidades y sucesiones, como cartas de testamento, de heredamiento, de partición, de donación o de fundación (de capellanías y mayorazgos).
  • La Revolución francesa (y, en especial, Napoleón I) impulsaron dos instituciones cruciales para la Historia jurídica: i) el constitucionalismo (Constituciones de 1791 o año I; 1795 o año III; 1799 o año VIII; 1802 o año X; y 1804 o año XII); y ii) la codificación (Código civil de 1804, Código de comercio de 1807 y Código penal de 1810) que determinaron una reforma profunda del Notariado latino.
  • Siendo Napoleón Primer Cónsul, se determinó la unificación y funcionarización estatal del Notariado francés, por la Ley de 25 de ventoso del año XI (16-03-1803), que inspiró la posterior regulación notarial en el continente europeo.
  • Las orientaciones esenciales de la legislación notarial post-napoleónica fueron asegurar: i) la formación jurídica del Notariado; ii) la seguridad jurídica en los instrumentos públicos; y iii) la libre, ordenada y leal competencia profesional entre Notarios, con normas de limitación personal (formación, selección y numerus clausus), espacial (demarcación), temporal (investidura y jubilación), formal (régimen de instrumentos y protocolos) y económica (arancel).
  • Entre nosotros, tales orientaciones aparecen (tras el art 98 del Estatuto de Bayona de 06-07-1808), en el art. 9 del Decreto de 22-08-1812 (de abolición de señoríos), de las Cortes de Cádiz, firmado por Nicasio Gallego.
  • También se aprecian en los primeros (oficiales y privados) Proyectos de Ley notarial: de 1829-30 (José Lamas Pardo), 1834 (MJ, Nicolás María Garelli), 1838 (Comisión regia), 1847-48 (MJ, Lorenzo Arrazola, ap. Congreso), 1852 (José Gonzalo de las Casas), 1854 (Fermín Formoso) y 1854 (Joaquín José Cervino).
  • El Proyecto más relevante fue el de 1855 (José Gonzalo de las Casas), pues inspiró los de 1855 (Ley de Bases; MJ Manuel de la Fuente Andrés), 1857 (Joaquín Negré), 1857 (MJ, Manuel de Seijas Lozano), 1858 (MJ, José María Fernández de la Hoz), 1859 (Joaquín José Cervino, origen de la LN de 1862), 1860 (Cayetano Socías) y 1862 (Proyecto final del MJ, Santiago Fernández Negrete).
  • El modelo francés fue seguido, entre nosotros por la Ley hipotecaria de 08-02-1861, que declaró a extinguir unas concretas Escribanías (denominadas Contadurías de hipotecas), creó los Registros de la propiedad e instauró las oposiciones jurídicas para ingresar en el Cuerpo de Registradores.
  • También siguió el modelo francés la vigente Ley del Notariado de 28-05-1862, que declaró a extinguir todas las demás Escribanías extrajudiciales (DT 2ª a 10ª LN); atribuyó al Estado la propiedad de los protocolos (art. 36 LN) e instauró las oposiciones jurídicas para acceder al Notariado (arts. 10 y 12 LN).
  • Ambas Leyes (LH de 1861 y LN de 1862) se aprobaron siendo Reina Isabel II; Presidente del Gobierno, Leopoldo O’Donnell; Ministro de Gracia y Justicia, Santiago Fernández Negrete y estando vigente la Constitución de 1845.
  • Tras la Constitución de 1869, las Leyes 21-05-1870 y 18-06-1870 incorporaron a la Nación todos los oficios de fe pública enajenados; y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 15-07-1870 convirtió en Secretarios (hoy Letrados de la A. de Justicia) a los Escribanos judiciales, cuyos últimos vestigios desaparecieron por RD 01-06-1911.
  • Los diversos Reglamentos Notariales anteriores (de 30-12-1863, de 09-11-1874, de 11-11-1874, de 09-04-1917, de 07-11-1921 y 08-08-1935) han conducido al vigente (de 02-06-1944), varias veces modificado (ver los textos en el apartado Enlaces).
  • En la actualidad, el Notariado integra un Cuerpo estatal (art. 11 LN) y único de funcionarios (art. 1 LN) al que sólo se accede por rigurosa oposición (art. 12 LN) entre juristas (art. 10.5 LN) y que tiene atribuida en exclusiva la función notarial como profesión jurídica colegiada (art. 41 LN) de servicio público (art. 121 RN) y jurisdicción voluntaria (art. 3.1 RN).
  • El Notariado del s. XXI asume la seguridad jurídica documental en un marco de interconexión informática, autonomía profesional, plena objetividad, alta cualificación jurídica y compromiso internacional con los derechos fundamentales y la defensa de la legalidad.
  • Con ocasión de la pandemia de 2019, el Notariado ha sido considerado servicio público esencial de interés general (Inst 15-03-2020).
  • Desde 09-11-2023 (en aplicación de la Ley 11/2019, que ha modificado el art. 17 LN para trasponer la Dva UE 1251/2019, de herramientas digitales), las actuaciones notariales quedan también informatizadas, por lo que el Notariado ha entrado en una nueva fase histórica al surgir la Notaria digital, cuyas características se exponen en el apartado Servicios de Notaria digital de esta web.